Durante los pasados 2 y 3 de marzo el V Congreso Nacional de Abogados de Víctimas y de Responsabilidad Civil (ANAVA-RC), reunió a más 200 expertos en la materia.
A lo largo de estas jornadas de trabajo las ponencias de Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda de la Sala Penal, de Luis Del Río, Fiscal de Sala de Seguridad Vial o la intervención de Eugenio Ribón, decano del ICAM, entre otras sirvieron para ahondar en la problemática de este colectivo.
En su intervención, Ribón subrayó que tras las últimas reformas normativas se ha mermado el derecho de las víctimas de accidentes “dando el legislador más voz al ramo asegurador que a las propias víctimas”. En este sentido, el decano ha recordado que es necesaria “una reforma del baremo indemnizatorio de tráfico que ayude a compensar plenamente las lesiones de las víctimas de accidentes” ya que “en situaciones calamitosas es cuando más auxilio se necesita y el actual baremo indemnizatorio se aparta de ese principio y de esa realidad”.
Con una postura clara en defensa a las personas más vulnerables, el decano ha asegurado que el ICAM “estará muy cerca de las víctimas y de los profesionales de la abogacía que defienden sus derechos” para evitar que sus reclamaciones supongan, como ocurre hoy en día, “un camino largo, tortuoso, caro, y lleno de trabas, sin que exista una consciencia en la Administración del Estado y de Justicia”.
Eugenio Ribón explica a los abogados y juristas vinculados a víctimas que el baremo de tráfico hay que modificarlo. (Foto: E&J)
“Desde el ICAM vamos a ayudar a conseguir un régimen de costas procesales beneficioso para las víctimas, un incremento de los intereses moratorios por el incumplimiento de las obligaciones del sector asegurador y una dirección general de seguros que sea un verdadero regulador con poder sancionador real, efectivo y transparente”, ha asegurado Ribón.
A lo largo de dos jornadas, este Congreso ha abordado temas como los daños y perjuicios para los sanitarios por exposición al SARS-CoV-2, el resarcimiento de los gastos de asistencia sanitaria en siniestros de circulación, la responsabilidad civil en los accidentes transfronterizos, las peculiaridades del ejercicio de la acción civil en el proceso penal o la reforma del Código Penal en materia de circulación vial su procedimiento y auto de título ejecutivo, entre otros.
El otro tema de conversación entre mesa y mesa fue la huelga de los LAJs que ya supera las seis semanas desde su inicio el pasado 24 de enero. Este paro ha suspendido muchos juicios y retrasado notificaciones. Lo peor es que abogados y procuradores de víctimas se desplazan al juzgado y solo conocen de su suspensión minutos antes de la celebración d la vista.
La intervención de Antonio del Moral, magistrado de la Sala Segunda, se centró en abordar la última jurisprudencia del TS sobre la responsabilidad civil en el proceso penal. “Es un tema con muchas aristas, es un tema civil que vemos los penalistas que a veces lo deformamos”.
En declaraciones a Economist & Jurist, destacó que “la idea general es que la responsabilidad civil nacida de delito es un tema civil en el que no hay presunción de inocencia, donde no rige el principio acusatorio. Eso obliga al juez penal a ponerse unas gafas civiles cuando tiene que enfrentarse a la responsabilidad civil”.
Sobre el tema de las víctimas de accidentes, este magistrado indicó que “es complicado lograr un resarcimiento total. La justicia humana no vuelve las cosas a como estaban antes. Quien ha sufrido un delito no va a volver al estado anterior, mucho menos si hay homicidio y lesiones graves. Se trata de tener compensaciones razonables. Pero por mucho que se suban esas indemnizaciones no deja de ser un remedio porque el delito conlleva un mal consigo”.”
En cuanto a la reforma del Código penal en materia de imprudencias, Del Moral subraya que “cambiar tanto un Código Penal genera más perjuicios siempre que beneficios. No hay estabilidad ni seguridad jurídica. Esta reforma es complicada, si la tomamos literalmente convierte el delito leve en las faltas de hace diez años que se suprimieron. Ahora las imprudencias todas aparecen como delitos leves”.
Por su parte Luis del Río, Fiscal de Sala de Seguridad Vial, explicó a los asistentes el funcionamiento de su Fiscalía, con delegados en todo el territorio nacional. Reiteró que las víctimas ocupan un lugar importante dentro de la actuación del Ministerio Fiscal. “Eso lo impone nuestro estatuto orgánico, también la LECrim como el propio Estatuto de la Víctima donde se indican las obligaciones y deberes que tenemos en relación a este colectivo”.
Para este jurista “el pleno resarcimiento de las víctimas no es fácil de lograr, el propio preámbulo del Estatuto de la Victima establece que no debemos limitarnos a reparar el daño a través del marco del proceso penal, sino que sea más amplio, es decir, intentar en la medida de lo posible que todos los efectos traumáticos la actuación posterior del siniestro vial sea lo más llevadero posible, sobre todo teniendo en cuenta el ámbito moral, económico o social. Todos los que intervenimos debemos apoyar a las víctimas”.
Del Río adelantó que está preparando un dictamen sobre la última reforma de la normativa de la DGT que cumple ahora aun año. “Es previsible que saquemos ese dictamen como fruto de la deliberación interna que estamos haciendo para ver si emitimos criterios generales de actuación, tanto a los componentes del Ministerio Fiscal como a las políticas de tráfico”.
Desde su punto de vista, es evidente que “los poderes públicos deben dar una respuesta jurídica a la nueva movilidad y nuevos vehículos que ahora emergen. Hay algunas cosas que el legislador ha empezado a regular, pero quedan algunos aspectos que necesitan una solución jurídica”.
Los congresistas trasladaron al Fiscal su inquietud y honda preocupación por la falta de actitud y formación de los médicos forenses a la hora de realizar sus informes de sanidad a las víctimas de accidentes de circulación que provocan que todos los avances que se han logrado al volver a instruir procesos en la vía penal sean papel mojado pues los abogados de las victimas prefieren reservarse las acciones civiles para evitar estas incorrectas valoraciones forenses, mostrando el Fiscal su sorpresa ante esta realidad, comprometiéndose en averiguar lo que está pasando e intentar que se remedie.
Por su parte, el presidente de ANAVA-RC y director del Congreso, Manuel Castellanos mostró su gran satisfacción por el éxito del evento donde se alcanzó el aforo completo y el alto nivel de los ponentes que han participado y agradeció en nombre de la asociación al Banco de Sabadell, la posibilidad de organizar este evento en sus magníficas instalaciones.
De izq. a dcha., el abogado experto en RC, Mariano Medina, presidente de ANAVA RC, Manuel Castellanos, el Magistrado del Supremo, Antonio del Moral, y el Fiscal de Sala de Seguridad Vial, Luis del Rio. (Foto: E&J)
También tuvo palabras de reconocimiento del nuevo decano del ICAM, Eugenio Ribón, que inauguró oficialmente las jornadas con un impecable discurso en donde realizó una loa al asociacionismo entre compañeros. El abogado también destacó la importante labor que está desarrollando ANAVA-RC desde su fundación y la necesidad de reforma del baremo para lograr una total y justa total indemnidad de las víctimas de accidentes.
El presidente de ANAVA-RC reconoció la calidad de las intervenciones, de cada uno de los ponentes, en concreto de la letrada Marta Checa que abordó “Los daños y perjuicios para los sanitarios por exposición al SARS-COV-2” y del abogado Damián Vázquez que desarrolló el tema de “La jurisdicción competente y la legitimación pasiva en reclamaciones por RC sanitaria”.
Junto a ellos destacó la ponencia del letrado Jose Mª. Macías sobre “El Resarcimiento de los Gastos de Asistencia Sanitaria en Siniestros de Circulación. Libertad de Elección de Centro”, del abogado Julián López en su ponencia de “Reclamación de la Administración al conductor por los daños causados a farolas, biondas, etc”, así como el abogado y miembro de la Junta Directiva de ANAVA-RC Carlos Villacorta, que trató “La Responsabilidad Civil en los accidentes transfronterizos”.
Otras intervenciones que Castellanos destacó fueron la del magistrado y presidente de la AP de Murcia, Miguel Ángel Larrosa que desarrolló su ponencia sobre “Los accidentes de baja intensidad en los que se causan lesiones en la columna vertical y el escaso valor probatorio de los informes de biomecánica”.
También se siguió con interés la profunda y amena ponencia que proporcionó el magistrado de la Sala Segunda del TS, Antonio del Moral relativa a “Las peculiaridades del ejercicio de la acción Civil en el procedimiento Penal”, para finalizar con las ponencias de los letrados Alberto Martín y Antonio Villaluenga que trataron interesantísimos temas como “La reforma del Código Penal en materia de circulación Vial, su procedimiento y auto de título ejecutivo” y “La Valoración y cuantificación de la indemnización del daño moral derivado del delito” respectivamente.
Francisco Damián Vázquez es abogado experto en negligencias médicas y miembro de la Junta Directiva de ANAVA-RC. En su ponencia abordó el proceso complejo que se deriva de reclamar por este tipo de problemática.
Desde su punto de vista, “existen distintos problemas a la hora de reclamar en esta materia, tanto por el paciente como sus abogados. Hay una Administración pública y la aseguradora de responsabilidad civil de dicha entidad. Se trata de ver si se presenta demanda contenciosa administrativa, o civil”.
En conversaciones con este periodista, este tipo de reclamaciones con complicadas de llevar “pero desde el 2019 ya se sabe dónde reclamar. Ya sabemos que no se puede reclamar en vía administrativa y luego en la civil. Debemos centrarnos en la civil que es más efectiva”.
Alberto Masiá, abogado experto en negligencias, presenta a Francisco Damián Vázquez ponente sobre RC y negligencias médicas. (Foto: ANAVA RC)
En un año como este, “el legislador debe acordarse de las víctimas en cuestiones como la justicia gratuita o la imposición de costas. No puede ser que, una víctima de una negligencia, si pierde, tenga sanciones de costas. Eso debe cambiar”.
“En justicia gratuita hay una sentencia del Constitucional que permite acudir a la justicia gratuita para las personas con discapacidad. Creemos que cualquier victima debería estar amparada. Se trata de lograr una mayor protección de la víctima que es lo que todos buscamos, tanto asociaciones como ANAVA, jueces, fiscalía de tráfico”, comentó.
Sobre la prescripción cree que “es otro caballo de batalla que hay que tener en cuenta aquí. Deben aumentarse los plazos. Las víctimas o afectados de negligencia reaccionan a los ocho o nueve meses. Debería aumentarse el plazo para preparar bien la reclamación”.
La ponencia de Miguel Angel Larrosa fue muy seguida por los asistentes. Tras su intervención explicó a Economist & Jurist que “todo el procedimiento judicial está destinado a su protección. Se trata de que obtengan una indemnización justa en función de los datos que hayan sufrido. El proceso tiende a esa indemnización y a esa protección”.
Sobre la mejora de esa protección a las víctimas destaca que “es evidente que el proceso judicial está para ello, para eso hay que acudir a reformas legales que son las fijan el marco que son las que pueden fijar dichas mejoras en las indemnizaciones en cuanto a su protección”.
Para este magistrado “el baremo fue un gran avance en el 2015 con lo que se tenía. Ahora, tras ocho años, debería ser revisada porque hay aspectos que deberían ser reinterpretados o regulados. Tanto el tema de la prescripción y de las costas depende de la voluntad del legislador de modificarlo”.
Este juez ha participado de forma activa en impulsar la mediación en Murcia en determinados proyectos-piloto con la colaboración de expertos como otro juez como Pascual Ortuño. “Soy un convencido de la mediación. Para que se ponga en marcha, la mediación nunca debe dejar de lado a los abogados a la hora de su implementación. Su papel es clave para su desarrollo, sin dudas”.
Por su parte, Sergio García-Valle, presidente de la sección de RC del ICAM, otro asistente a este evento, reconoce que el congreso ha servido para analizar todas las cuestiones relacionadas con la responsabilidad civil y el seguro. “Las víctimas en el centro no están debidamente compensadas como ya lo dijo Eugenio Ribón, decano del ICAM en la inauguración”.
Desde su punto de vista, “es clave que las víctimas de accidentes cuenten con el apoyo de abogados especializados para ver compensados sus intereses frente a las aseguradoras. La defensa de los abogados especializados de ANAVA-RC tiene un componente social importante”.
En un año electoral, nuestro interlocutor cree que los partidos políticos deberían ser sensibles a cambios en la prescripción de estos asuntos. “La responsabilidad civil extracontractual es solo de un año y debería aumentarse de tres a cinco años. Sobre las costas, sería bueno que en este tipo de asuntos fueran más reducidas o se suprimieran para evitar que las víctimas de un accidente no dejen de reclamar su compensación”.
Por su parte, Ángel Cervantes, abogado experto en RC y decano del Colegio de Abogados de Toledo, indica que “el papel del abogado de víctimas es clave en muchas facetas, tanto en accidentes transfronterizos como en los casos en los que la Administración va contra un administrado que genera determinados daños, al igual que las negligencias médicas o los accidentes de tráfico”.
El problema de las victimas está claro. “El legislador siempre habla de la restitución integra de la víctima. Sin embargo, el baremo indemnizatorio de tráfico no compensa totalmente el perjuicio sufrido por el lesionado. Urge que se actualicen estas indemnizaciones”.
Este jurista también comparte la opinión de otros colegas con los que hemos hablado sobre la modificación de la prescripción, ahora de un año cuando es responsabilidad civil extracontractual. “Igual pasa con el tema de las costas que debería reducirse o suprimirse en estos asuntos. Son temas para la próxima legislatura que deben tenerse en consideración”.
Sobre la prescripción, considera que es un tema complejo que debe aclararse. “Puede haber procedimientos en el que vas contra varios, el causante del daño, el tomador o la aseguradora, lo que hace que sea un proceso complejo. Las disputas contra las aseguradoras son habituales y están a la orden del día en estos temas”.
Para Maren García-Valle, abogada especializada en RC, este tipo de eventos ayuda a estar al día a los abogados de víctimas sobre los últimos cambios normativos. “La formación es clave para defender mejor los intereses de las victimas como perjudicados”, aclara.
Esta jurista es especialista en vehículos de movilidad personal y acaba de publicar un libro sobre la problemática legal del patinete eléctrico. “Es necesaria una regulación. Todos los operadores jurídicos coinciden en la regulación y en que las victimas reciban una indemnización adecuada a si el siniestro lo hubiera generado un vehículo a motor”.
Desde esta perspectiva, esta experta en la nueva movilidad considera que “es importante que la Dirección General de Seguros como la Dirección General de Tráfico determinen los límites y cuantías de forma adecuada en este tipo de siniestros”.
Sobre los cambios legislativos que urgen Maren cree que es importante que el legislador “ponga un poco los pies en el suelo y sean más responsables a la hora de establecer las medidas que ayuden realmente al ciudadano de a pie. Aquí hay que evitar la demagogia, hay que eliminar las cosas procesales; modificar el baremo indemnizatorio, así como incrementar la prescripción”.
Este congreso concluyó con unas palabras de agradecimiento del propio Manuel Castellanos que, tras reconocer a congresistas y ponentes su activa participación, destacó la labor de los abogados, tanto de víctimas como de compañías aseguradoras, remarcando su gran calidad profesional, compromiso y dedicación en la legítima defensa de los intereses de sus clientes.
Al mismo tiempo hizo un llamamiento al compañerismo y al respeto que se merece este colectivo y que se le reconozca y respete su esfuerzo tanto profesionalmente como económicamente no permitiendo que se ningunee su labor que resulta primordial en esta sociedad, emplazando a los asistentes a futuras convocatorias y daNdo por finalizado el congreso del año 2023.
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